Abren causa contra tres jueces

Las plumas del cóndor

La Justicia argentina dio lugar a una causa penal contra tres jueces que tramitaron la adopción del hijo de la militante Sara Méndez al subcomisario porteño Osvaldo Parodi. "Yo estoy muy tranquilo (...) era secretario de instrucción y apareció un menor como abandonado en la puerta de un Hospital”, afirmó el juez argentino José Martínez.

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La Procuraduría General de la Nación Argentina decidió dar lugar a una causa penal iniciada por Abuelas de Plaza de Mayo contra dos altos jueces federales y un ex magistrado. Dichos funcionarios estarían directamente implicados en el secuestro y adopción ilegítima de Simón Riquelo, cuya madre fuera secuestrada en Buenos Aires en 1976.

Esteban Righi, Procurador General de la Nación, resolvió esta semana impulsar una denuncia penal contra dos jueces federales de alta jerarquía y uno retirado. La denuncia señala la participación de esos funcionarios en la entrega y apropiación del bebé Simón Riquelo, hijo de la uruguaya Sara Méndez, quien fuera secuestra en Buenos Aires el 13 de julio de 1976.

Méndez fue retenida en el centro clandestino de reclusión y tortura "Automotores Orletti". Sobrevivió a la traumática experiencia y logró reunirse con su hijo cuando éste tenía 26 años, tras años de pesquisas y merced a un examen de histocompatibilidad.

Según informa el periódico porteño Perfil, los acusados son Wagner Gustavo Mitchell, miembro de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, José Martínez Sobrino, vicepresidente del Tribunal Oral Federal 6, y el ex juez José Domingo Allevato.

Montevideo Portal consultó a José Martínez Sobrino sobre su participación en los hechos:"Yo era secretario de instrucción del juzgado de menores y apareció un menor como abandonado en la puerta de un Hospital. La comisaría nos dio intervención a nosotros, y el comisario consultó con el juez diciendo que el subcomisario de esa comisaría estaba dispuesto a hacerse cargo de la tenencia provisoria del menor mientras se hiciera definitiva. Y el juez en ese momento dispuso que se le entregara en forma provisoria, eso fue lo que ocurrió. Por qué me hacen la denuncia a mí, realmente no lo sé", señaló el magistrado argentino.

Martínez Sobrino comparó la situación con la de un escribano que actúa en una escritura de venta y después se lo acusa de lavado de activos: "El escribano lo único que hace es verificar que se reunieron dos personas y que quisieron comprar o vender determinado bien, nada más. Yo era secretario nada más.

El juez señaló que en el caso de Simón Riquello se trataba de una causa sin autores determinados y se dispuso que la policía investigara quienes eran los responsables de ese abandono. Tras un mes y medio de investigación se sobreseyó en la causa, hasta que aparecieran nuevas pruebas pero el caso no se archivó.

Allí se dispuso la entrega definitiva del menor, que continuaría tutelado por el juzgado de menores, dejándole la guarda del menor al subcomisario: " Era una guarda provisoria y con los controles periódicos del asistente social del juzgado. Después por otro lado a los dos años- y yo me enteré

El subcomisario Osvaldo Parodi se presentó en un juzgado civil haciendo la demanda de adopción, en el año 1978 y se la concedieron, pero yo para ese entonces hacía dos años que había quedado cesante por la Suprema Corte de Justicia de Argentina. El golpe es en marzo de 1976 y en octubre de ese año a mí me declaran cesante por razones políticas. Resulta que paso de ser un cesanteado por la dictadura militar a colaborar con la apropiación que hacían las fuerzas de seguridad.

"Yo estoy tranquilo, la única pena es que yo pensaba que si había alguna denuncia contra mi persona iba a venir del lado de la defensa y no de la querella. Yo fui uno de los socios fundadores del gremio de empleados judiciales, fui delegado gremial de uno de los edificios e investigué la existencia de un campo clandestino en una comisaría de La Matanza (...) sin saberlo ahora me he convertido en un represor", agregó.